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Por estas horas, el Presidente regresa al país tras su gira más extensa y tiene a la firma una serie de decretos para avanzar en el desguace del Estado.
Javier Milei.
Javier Milei regresa al país y a la gestión para ratificar el único modo de gobierno que parece conocer: por decreto. En efecto, prepara una serie de DNU con el objetivo de hacer avanzar la motosierra, como promete una y otra vez el mandatario de las giras interminables.
La idea del Presidente y su gabinete es realizar nuevos recortes, cierre de organismos públicos y reformas estructurales que el anarcocapitalista considera fundamentales concretar antes del recambio legislativo.
Y Milei tiene cierto apuro, ya que el próximo 8 de julio vencerán las facultades delegadas o atribuciones extraordinarias que el Congreso, con el voto de libertarios y aliados como el PRO, le otorgó al Poder Ejecutivo a través de la llamada Ley Bases.
Será una docena de decretos que, según fuentes oficiales, ya están redactados y listos para su promulgación, en su mayoría vinculados al ajuste: reducción del gasto público, cierre de organismos estatales y reforzamientos de la centralización de las funciones gubernamentales.
Por ejemplo, la resistida reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que implica más despidos de personal, venta de inmuebles y una transformación integral de su gobernanza, lo que ya ha motivado numerosas protestas gremiales y hasta la queja de organizaciones y entidades que actualmente participan de su directorio.
Otros organismos que podrán correr la misma o peor suerte son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
En el último año, la planta de empleados públicos se redujo en más de 30.000 puestos de trabajo y los nuevos decretos a la firma de Milei apuntan a nuevas reducciones, mientras los salarios que perciben quienes van quedando continúan prácticamente congelados, apuntando a que haya más “fugas voluntarias” hacia un sector privado que no puede absorberlos.
